Presentan un proyecto para reducir riesgos por caída de árboles 

UNO DE LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES CONSISTE EN LA INCORPORACIÓN DE UN RELEVAMIENTO TÉCNICO ANUAL DEL ARBOLADO MEDIANTE UN CENSO GEORREFERENCIADO QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR EJEMPLARES CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES, INCLINACIONES PELIGROSAS, PUDRICIÓN DE TRONCOS, PLAGAS O RAÍCES COMPROMETIDAS.

Textual 

Sandra Olivera 

Concejal 

"El proyecto incorpora un criterio de seguridad urbana vinculado al alumbrado público" 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes analiza un proyecto de ordenanza que propone un cambio integral en la gestión del arbolado público urbano. La iniciativa, presentada por la concejal de la Coalición Cívica ARI, Sandra Olivera, busca reemplazar un modelo basado en intervenciones de emergencia por un sistema de planificación preventiva que permita reducir los riesgos provocados por los fenómenos climáticos, mejorar la seguridad en la vía pública, optimizar el funcionamiento del alumbrado y de las redes de servicios, además de incorporar medidas específicas para la protección de las abejas y otros polinizadores.

La propuesta parte de un diagnóstico que reconoce al arbolado urbano como un patrimonio ambiental de la ciudad. Entre sus fundamentos destaca que los árboles cumplen funciones esenciales para el equilibrio ecológico al regular la temperatura, absorber el agua de lluvia, mitigar el impacto de las altas temperaturas y mejorar la calidad del aire. Sin embargo, advierte que el aumento de tormentas intensas y fuertes ráfagas de viento en la región hace necesario fortalecer las políticas de mantenimiento para evitar la caída de ramas y ejemplares completos que representan un riesgo para los vecinos y generan daños materiales.

En ese marco, el proyecto crea el "Protocolo de Mitigación de Riesgo, Despeje Operativo del Arbolado Urbano y Control de Especies Fitotóxicas Invasoras", como complemento de la ordenanza vigente sobre arbolado público. La iniciativa establece cuatro ejes obligatorios para el municipio: la realización de un censo fitosanitario permanente, la implementación de un sistema de poda preventiva estacional, la coordinación de las intervenciones con las empresas prestadoras de servicios públicos y el control de especies exóticas que puedan afectar al ambiente.

Uno de los principales cambios será la incorporación de un relevamiento técnico anual mediante un censo georreferenciado para identificar árboles con problemas estructurales, inclinaciones peligrosas, pudrición de troncos, plagas o raíces comprometidas. A partir de esa información se definirán las intervenciones necesarias y, cuando un ejemplar presente un riesgo irreversible de colapso, se autorizará su extracción con la correspondiente reposición mediante especies nativas de mayor estabilidad. Además, cuando un árbol represente un peligro inminente para una vivienda, el frentista podrá solicitar una autorización de trámite rápido para intervenir bajo supervisión técnica municipal.

El proyecto también organiza las tareas de poda mediante un calendario diferenciado según la época del año. Entre mayo y agosto se realizará la poda estructural para corregir el crecimiento de los árboles, eliminar ramas secas de gran porte, equilibrar las copas y reducir la resistencia al viento. Entre noviembre y marzo se ejecutará la poda verde, destinada al mantenimiento, al despeje de luminarias, cámaras de seguridad y semáforos, y a la eliminación de ramas con riesgo de fractura, procurando que las intervenciones no superen el 20 % del follaje para preservar la salud de los ejemplares.

Otro de los ejes apunta a resolver los conflictos entre el arbolado urbano y las redes aéreas de energía eléctrica, telefonía e internet. La iniciativa establece que las empresas prestatarias ya no podrán realizar podas por decisión propia, sino que deberán contar con autorización municipal y supervisión técnica. Asimismo, prohíbe prácticas como la denominada "poda en V" y los desmochados severos, por considerarlos perjudiciales para la estabilidad de los árboles. También incorpora un criterio de seguridad vinculado al alumbrado público, estableciendo que las áreas competentes deberán intervenir en un plazo máximo de diez días hábiles cuando las copas de los árboles obstruyan la iluminación, priorizando las zonas más vulnerables.

En forma complementaria, el proyecto establece que toda nueva forestación o reposición de ejemplares deberá priorizar especies nativas de la región, fortaleciendo así la biodiversidad local y disminuyendo la incorporación de flora exótica potencialmente invasora.

Finalmente, la iniciativa prevé la creación de un registro digital que integrará toda la información surgida del censo fitosanitario y de los pedidos realizados por los vecinos, permitiendo un seguimiento más eficiente de las intervenciones y una mejor coordinación entre las distintas áreas municipales.

Busca proteger a los insectos polinizadores

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto está relacionado con la protección de las abejas y otros insectos polinizadores. Basándose en investigaciones de la Universidad Nacional del Nordeste y el CONICET, la propuesta pone el foco en el Tulipanero Africano (Spathodea campanulata), una especie ornamental exótica cuyas flores contienen sustancias que pueden provocar una elevada mortalidad en abejas melíferas y especies nativas sin aguijón. Por ello, propone prohibir la producción, comercialización, donación y plantación de nuevos ejemplares dentro del ejido urbano, mientras que para los árboles existentes establece un régimen obligatorio de manejo mediante podas preventivas para evitar la floración y la dispersión de semillas.

Finalmente, la iniciativa dispone que toda nueva forestación o reposición de ejemplares priorice especies nativas de la región para fortalecer la biodiversidad local y reducir la incorporación de flora exótica potencialmente invasora. Además, prevé la creación de un registro digital que integrará la información del censo fitosanitario y de los pedidos de los vecinos, con el objetivo de mejorar el seguimiento de las intervenciones y la coordinación entre las áreas municipales. De esta manera, el Concejo Deliberante busca avanzar hacia un modelo de gestión del arbolado urbano que combine criterios ambientales, científicos y de seguridad pública, adaptado a las condiciones climáticas actuales.